Bajo la orientación de la profe Pilar Palomares, los alumnos se convierten en artistas para diseñar el logo que representa a nuestro proyecto IES ODRA-PISUERGA OPENS TO EUROPE.
Los dos logos finalistas han sido estos... ¿Qué opinas?
Marta García (3º ESO) , alumna premiada
Accesit<. Lucía del Olmo (3º ESO)
Extintores co2 2 kg
Para este curry rojo vas a usar tofu firme cortado en cubos, leche de coco para la cremosidad, pasta de curry rojo que le da ese toque picante, pimiento rojo y brotes de bambú. Solo cinco ingredientes básicos que juntos hacen magia en el plato. Fácil, rápido y con mucho sabor.
Primero, dora el tofu en una sartén hasta que esté crujiente por fuera. Luego añade el pimiento y el bambú para que se cocinen un poco. Agrega la pasta de curry y mezcla todo bien, que se impregne el sabor. Por último, echa la leche de coco y deja que se cocine a fuego medio hasta que la salsa se espese. En cocinas profesionales, usar una campana extractora industrial es clave para evitar olores fuertes en el ambiente.
El curry rojo es un clásico de Tailandia, un país que sabe mezclar sabores intensos con ingredientes suaves. Tradicionalmente lleva carne, pero esta versión vegana con tofu es una forma genial de mantener el sabor sin sacrificar salud. Trabajar en una mesa acero inoxidable hace que preparar este plato sea mucho más ordenado y rápido, ideal para chefs y amateurs.
Sirve el curry con arroz blanco o integral para balancear la potencia del curry. Agrega hojas frescas de cilantro o albahaca para darle color y frescura. También puedes acompañarlo con pan naan o verduras al vapor. En cocinas bien equipadas con mesas de acero inoxidable, todo queda más limpio y fácil de preparar.
El tofu aporta proteínas vegetales y la leche de coco grasas saludables, haciendo de este curry rojo una comida nutritiva y sabrosa. Perfecto para veganos, vegetarianos o cualquiera que quiera comer rico sin complicarse. Además, es ideal para incluir en menús de restaurantes modernos o para preparar en casa sin estrés.
El caso Teatre llega al Constitucional: familias piden justicia y denuncian el blindaje al Ayuntamiento de Murcia.
Las familias de las víctimas del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, ocurrido el 1 de octubre de 2023 en la zona de Atalayas (Murcia) y en el que perdieron la vida 13 personas, han expresado públicamente su profunda disconformidad con el Auto 836/2025, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia. La resolución judicial, que ha causado un fuerte impacto social y jurídico, rechaza abrir una pieza separada para investigar un posible delito de prevaricación administrativa relacionado con la concesión y control de licencias municipales por parte del Ayuntamiento de Murcia.
Ante esta decisión, los familiares y colectivos personados en la causa han anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Consideran que la Audiencia Provincial ha cerrado de manera anticipada una línea de investigación que podría esclarecer la responsabilidad institucional en la tragedia.
El Auto 836/2025, fechado el 1 de octubre de 2025, resuelve el recurso interpuesto contra las decisiones del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que ya en noviembre de 2023 y marzo de 2024 había descartado examinar un posible caso de prevaricación administrativa. La Sala, compuesta por tres magistrados, sostiene que no existe “conexidad” entre el delito de homicidio imprudente —que centra la causa principal— y las actuaciones administrativas que habrían permitido el funcionamiento irregular de los locales siniestrados.
La tragedia de Atalayas no solo ha abierto un debate jurídico, sino también técnico. Los expertos en seguridad han recordado la importancia del cumplimiento de las normativas de protección contra incendios, especialmente en lo relativo al uso del extintor y la instalación adecuada de equipos de emergencia.
Los informes periciales elaborados tras el siniestro revelaron que las discotecas carecían de dispositivos en condiciones óptimas, y que la señalización de los equipos de extinción no cumplía los estándares mínimos de visibilidad. En locales donde la afluencia de público es elevada, la correcta ubicación y mantenimiento de cada extintor puede ser decisiva para evitar una catástrofe.
La legislación española, a través del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), establece que los extintores deben revisarse periódicamente y situarse en puntos estratégicos, con señalización visible y accesible. Su ausencia o mal funcionamiento constituye una infracción grave que pone en riesgo la vida de las personas.
La polémica se extiende también a la supervisión de los extintores murcia, un aspecto que ha sido objeto de duras críticas por parte de los colectivos de víctimas. Alegan que el Ayuntamiento no ejerció un control efectivo sobre las condiciones de seguridad de las discotecas y que permitió su funcionamiento a pesar de irregularidades manifiestas.
La falta de inspecciones, el incumplimiento de los plazos de revisión y la escasa coordinación entre los servicios técnicos municipales han puesto en entredicho el sistema de control administrativo. Las familias consideran que no se puede hablar de justicia plena mientras no se investiguen las responsabilidades institucionales que, directa o indirectamente, facilitaron la tragedia.
El propio auto judicial reconoce la existencia de carencias en la vigilancia de las licencias, aunque insiste en que estas actuaciones deben ser analizadas en procedimientos separados. Sin embargo, esta separación, según los afectados, fragmenta la verdad y diluye la responsabilidad pública.
Entre los elementos que más controversia generaron tras el incendio se encuentra la señal salida de emergencia. Testimonios y peritajes coinciden en que muchas de las señales no eran visibles durante la evacuación debido al humo denso y al fallo del sistema eléctrico. En un momento crítico, la falta de señalización adecuada impidió a decenas de personas encontrar una salida rápida y segura.
Las normas de seguridad exigen que cada señal salida de emergencia sea luminosa, homologada y se mantenga encendida incluso en caso de fallo del suministro eléctrico, mediante sistemas autónomos. Este requisito básico fue incumplido en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, evidenciando una cadena de negligencias tanto por parte de los propietarios como de las autoridades encargadas de verificar las instalaciones.
El cartel salida de emergencia, elemento esencial en cualquier plan de evacuación, se ha convertido en un símbolo de todo lo que falló aquella noche. No se trata de un simple rótulo, sino de un dispositivo normativo que indica la ruta hacia la salvación. Su correcta instalación y visibilidad son exigencias legales recogidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI).
En los locales siniestrados, los peritos confirmaron que algunas salidas estaban bloqueadas o mal señalizadas, lo que provocó confusión y pánico entre los asistentes. Este fallo, que podría haberse evitado con una inspección adecuada, ha pasado a representar el abandono institucional que denuncian los familiares.
El razonamiento de la Audiencia Provincial de Murcia se apoya en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que cada delito debe investigarse en una causa independiente, salvo en casos de conexión directa entre ellos. Para los magistrados, no se cumple este requisito, por lo que la posible prevaricación administrativa no puede ser objeto de análisis dentro de la causa principal.
No obstante, juristas y asociaciones consideran que esta interpretación limita la búsqueda de la verdad completa y deja al margen el contexto institucional que permitió la tragedia. La resolución, a su juicio, “blinda” al Ayuntamiento de Murcia frente a cualquier responsabilidad y refuerza la sensación de impunidad administrativa.
Pese a los obstáculos judiciales, los familiares de las víctimas mantienen su compromiso de llevar el caso hasta las últimas instancias. No buscan venganza, sino garantías de que hechos similares no vuelvan a repetirse. Piden una reforma estructural en los sistemas de inspección y control de locales públicos, así como una revisión exhaustiva de las licencias otorgadas en la ciudad.
El caso Teatre no solo refleja una tragedia humana, sino también una crisis institucional que exige responsabilidad, transparencia y memoria. Cada señal de salida, cada extintor en su sitio y cada cartel visible representan hoy una promesa incumplida que debe recuperarse para proteger la vida.
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